El equipamiento vial, imprescindible para la seguridad de todos los usuarios de las carreteras

Entre las aplicaciones de la galvanización en caliente está la protección ante la corrosión de los productos de equipamiento vial como las señales de tráfico, los sistemas de contención de vehículos, las pantallas antirruido o los elementos de iluminación. Estos productos son esenciales para garantizar la seguridad de las carreteras, evitando accidentes y reduciendo las consecuencias lesivas de los mismos. La galvanización en caliente permite alargar la vida útil de estos equipamientos al máximo contribuyendo así a la seguridad de la carretera.

Las Naciones Unidas han declarado el período 2021-2030 como Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo cuantitativo de reducir en este plazo en un 50% el número de víctimas mortales y heridos graves en accidente de tráfico. Para ello, se considera imprescindible la implantación del concepto de “Sistema Seguro”, que consiste en asumir que las personas cometen errores y son vulnerables en caso de accidente.

Se debe crear un entorno adecuado para que, en caso de error, las otras partes que intervienen, como por ejemplo el vehículo o la infraestructura, hagan que el accidente no se produzca o bien no cause daños relevantes.

Dentro de este Sistema Seguro se integran conceptos como el de “Carretera autoexplicativa” o “Márgenes que perdonan”, en los que intervienen de una forma decisiva los distintos equipamientos viales. La fabricación de estos elementos ha experimentado en las últimas dos décadas un gran cambio en España. Las empresas fabricantes y sus respectivas asociaciones sectoriales, agrupadas en la Federación de Entidades de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL), han incorporado importantes mejoras técnicas y se han adaptado a las exigentes normativas europeas, dando lugar a una gama de productos adecuados para todas las situaciones que se dan en las carreteras y todos los usuarios que circulan por ellas.

La implantación de estas mejoras hace necesaria una inversión mantenida por parte de las Administraciones con competencia en carreteras, la cual no se está produciendo en los últimos años.

El estudio sobre el estado de conservación de las carreteras españolas, presentado el pasado mes de julio por la Asociación Española de la Carretera, incluía como resultado que se necesitan 455 millones de euros para reponer el equipamiento vial con defectos de conservación en las distintas redes de carreteras. Esta cifra sería mucho mayor si se considerara la instalación de nuevos productos donde son necesarios o la adecuación de los ya instalados al estado actual de la técnica, por ejemplo, aumentando los niveles de contención de las barreras de seguridad, para mejorar la protección de los vehículos pesados.

La instalación de los equipamientos viales en carretera existente se incluye de forma general en los llamados contratos de conservación integral, que se adjudican por un determinado período de tiempo a una empresa para que ésta ponga los medios necesarios para garantizar la vialidad y su mantenimiento. De esta forma, rara vez se licitan contratos específicos de equipamiento, y las empresas especialistas en señalización, sistemas de contención y el resto de productos son normalmente subcontratistas de las empresas de conservación adjudicatarias de los contratos de conservación integral. Todo ello redunda al final en una clara falta de inversión en el equipamiento de carreteras, dado que las empresas adjudicatarias priorizan otras actuaciones.

Entre las alternativas que se están planteando para resolver este problema y lograr la adecuada financiación de la conservación de las carreteras está el llamado “pago por uso”, ya empleado en diversas formas en otros países de nuestro entorno como Portugal, Holanda, Suecia o Dinamarca, y que se basa en que los usuarios que más circulan por las carreteras sean los que más contribuyan a su mantenimiento.

El Pago por Uso lleva varios años considerándose por parte de la Administración, aunque aún no queda claro cómo se gestionaría, barajándose las opciones de la gestión pública directa o bien mediante concesión. Desde el punto de vista del sector del equipamiento, en caso de que se eligiese esta última forma de gestión se produciría el mismo problema que el comentado anteriormente para los contratos de conservación integral.

Por ello, consideramos que en caso de aplicarse el pago por uso como solución al mantenimiento de carreteras, debería realizarse mediante gestión pública y separando los contratos de mantenimiento por lotes, según recomienda la Ley de Contratos del Sector Público. Esto permitiría la adjudicación de estos contratos a empresas especializadas, facilitando el acceso a las PYMES y redundando todo ello en una mayor calidad de los productos instalados en las carreteras.