El sector se suma al comunicado CEOE-Cepyme en apoyo al Gobierno

Desde la ATEG nos sumamos al comunicado de CEOE y CEPYME expresando nuestro apoyo al Gobierno, los equipos sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los territorios en la lucha contra el COVID-19 y garantizamos que el sector cumplirá con responsabilidad los mandatos que implica el estado de alarma decretado.

La situación de excepcionalidad económica por el COVID-19 exige una respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE.

El Gobierno de España tiene que poner en marcha mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo, y por ello, desde el sector del galvanizado compuesto principalmente por pequeñas empresas, insistimos en los siguientes aspectos:

• Simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).
• Suspensión de la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa, y el acceso a la protección por desempleo de los trabajadores afectados sin periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.
• Aplazamiento y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el COVID-19.
• Puesta en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas.
• Garantizar el transporte de mercancías evitando el desabastecimiento de materias primas y combustibles en la industria, así como el tránsito de productos.

El sector al completo comparte con el Gobierno la necesidad de abordar esta crisis de manera global en todo territorio siendo necesario que toda la sociedad española permanezca unida.

Apelamos a la responsabilidad del gobierno para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la actividad industrial mediante un decreto ambicioso que minimice el impacto social y económico del COVID-19.