Plan económico contra el COVID-19: El Gobierno moviliza 200.000 millones de euros de ayudas pero se resiste a bajar impuestos por el coronavirus
Carola Hermoso
miércoles, 18 de marzo de 2020
El Gobierno ha decidido movilizar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros, a través de un Real Decreto Ley que pone en marcha medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas y hacer así frente al impacto económico del coronavirus, sin embargo, rechaza todavía asumir un plan de choque fiscal que ayude a reactivar la economía tras la crisis, mientras los países del entorno cuentan con estas reformas como parte fundamental para la recuperación
Entre el bloque de medidas del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros se incluye la protección al empleo para evitar que una crisis temporal como la actual tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo. Para ello el Gobierno ha acordado que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. Adicionalmente los trabajadores podrían obtener hasta dos semanas de baja por enfermedad remunerada y hasta tres meses de baja médica y familiar remunerada durante la emergencia
Se promoverán asimismo los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.
En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social. Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
El tercer bloque de medidas anunciadas permite asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.
Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reformará la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.
Como complemento, la Agencia Tributaria está preparando un aplazamiento de los procedimientos tributarios. El Ministerio ha puesto carteles en sus oficinas para informar de que se está preparando un cambio inminente en la normativa.
Comparativa grandes medidas contra el coronavirus en distintos países de la UE. Fuente: El Economista.es
